Ayudas a minusválidos que no pueden conducir
Los discapacitados que pueden conducir están exentos del impuesto de circulación. Barcelona subvencionará ahora a quienes no pueden hacerlo
BARCELONA. – Los minusválidos censados en Barcelona que no pueden conducir su propio vehículo podrán solicitar a partir de ahora que el Ayuntamiento les subvencione el impuesto de circulación, oficialmente “impuesto sobre vehículos de tracción mecánica” (IVTM). El Ayuntamiento acaba de aprobar la subvención de este impuesto al colectivo de discapacitados físicos que no son capaces de conducir personalmente un vehículo adaptado para que, conduciéndolo otro, pueda incorporar al minusválido y a su silla de ruedas. Legalmente no se les exime del impuesto, pero ahora se les subvenciona desde el Ayuntamiento de Barcelona, como se ha hecho antes desde otros municipios del área metropolitana. Poco más de una decena de minusválidos censados en este municipio están apartados, por ley estatal, de la exención de dicho impuesto. La ley estatal de Medidas Fiscales considera la exención del impuesto de circulación a vehículos “adaptados para su conducción por personas con discapacidad física”. No incluye los que conducen el cónyuge u otro acompañante del discapacitado y que no pueden ser conducidos por él. El titular de estos vehículos ha de pagar el impuesto. El concejal de Circulación, Francesc Narváez, explica que la decisión de subvencionar el impuesto a minusválidos que no pueden conducir se ha tomado tras escuchar a colectivos de minusválidos que quedaban excluidos de los beneficios fiscales. “No podemos cambiar la ley estatal, o sea, que no podemos eliminar el impuesto (a este colectivo), pero podemos subvencionarlo.” El Ayuntamiento no cuenta con un censo exacto de las personas que puedan ser beneficiarias de esta nueva medida, y espera que la solicitud de subvenciones (se han de pedir antes del 30 de junio) sirva para actualizar este singular censo. La medida no es retroactiva, y la subvención tampoco. Hay quien ha reclamado contra este impuesto desde 1993. Andrés Hinarejos es un caso muy significativo. Es tetrapléjico desde hace 26 años, cuando sufrió un accidente laboral. Además de las dificultades de todo tipo que ha tenido que ir superando desde entonces, mantiene junto con su mujer, Edith, una lucha administrativa particular con el Ayuntamiento de Barcelona desde 1993, por las menos de 30.000 pesetas anuales del IVTM. Desde 1997 hasta el 2001 le han embargado parte de su cuenta corriente cada año porque se niega a pagar el impuesto, cuya exención (no sólo la subvención) ha venido reclamando sin éxito. “Si estuviese censado en Santa Coloma o en Sant Adrià de Besòs, no tendría que pagarlo, porque aquí (en Barcelona) interpretan la ley de otra manera, pero pienso seguir recurriendo por sistema”, explicaba antes de conocer la nueva decisión del gobierno barcelonés. Su vehículo no está exento del impuesto. Es una furgoneta adaptada, con una plataforma elevable, a la que han quitado asientos para que pueda entrar en ella la silla de ruedas con motor eléctrico con la que se traslada. Esta furgoneta, según la ley de Haciendas Locales y las ordenanzas municipales, presenta varios problemas. En primer lugar, no la conduce el minusválido que reclama (como propietario) la exención del impuesto. Ahora no tendrá la exención, pero sí la subvención. A Andrés Hinarejos ya le han reclamado las 30.000 pesetas, aproximadamente, del impuesto que corresponde al 2001. Las recurrió. Ahora las ha pagado para poder pedir la subvención. “Está bien que hayan rectificado”, dice. Quedan las reclamaciones desde 1993. No renuncia a los impuestos que se le cobraron mediante embargo.
LA PROPUESTA
Reformar la ley en Madrid
La decisión municipal en Barcelona ha llegado después de mucho tiempo de quejas por parte de colectivos de minusválidos y de informes del Defensor del Pueblo y Síndic de Greuges a favor de la subvención al colectivo de discapacitados que no estaba exento. La concejal de Benestar Social, Núria Carrera, que ha impulsado la subvención, es partidaria de reformar la ley de iniciativa de grupos parlamentarios en Madrid y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
